Carlos Cuervo afrontó en el Congreso una sesión de control marcada por las duras acusaciones del PP y Vox, la presión sobre los casos judiciales, las críticas a la economía y la defensa del Gobierno de sus políticas para familias, empleo y vivienda.

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El Congreso volvió a vivir una de esas sesiones en las que la política deja de parecer debate y empieza a sonar como un choque de trenes. No hubo apenas espacio para la pausa. Tampoco para la sutileza. La oposición llegó con una estrategia muy clara: acorralar al Gobierno con los casos judiciales, cuestionar su legitimidad, vincularlo a la corrupción y presentar la legislatura como una anomalía agotada.

Frente a ese vendaval, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuervo, intentó levantar otro marco: datos económicos, defensa de la justicia, medidas para las familias y una advertencia sobre el deterioro del debate público.

La escena tuvo varios protagonistas, pero un mismo fondo: el intento de convertir la sesión de control en un juicio político al Ejecutivo. Desde el PP, Ester Muñoz abrió fuego con una intervención de tono durísimo. Desde Vox, José María Figaredo llevó el debate económico al terreno de la inmigración, la pérdida de poder adquisitivo y la denuncia de un modelo que, según su partido, maquilla los datos macroeconómicos mientras empobrece a los ciudadanos.

En medio, Cuerpo trató de responder sin entrar en todas las provocaciones y repitió una idea que se convirtió en el eje de su réplica: el Gobierno está gobernando mientras la derecha fabrica ruido.

La primera tensión llegó con la pregunta de Ester Muñoz. La diputada popular acusó a Pedro Sánchez de utilizar a Francina Armengol para limitar los segundos de réplica de Alberto Núñez Feijóo y lanzó una cuestión directa al ministro: si el Gobierno cree realmente que hay un “golpe de Estado” en marcha para derrocarlo. La pregunta no era casual. Buscaba obligar al Ejecutivo a definirse sobre las acusaciones lanzadas por algunos ministros contra sectores judiciales y sobre la idea, repetida en los últimos días por el bloque gubernamental, de que existiría una operación de acoso político, judicial y mediático.

Muñoz formuló la cuestión de manera binaria: si el Gobierno cree que hay jueces actuando para hacer caer al Ejecutivo, entonces debería denunciarlo como un ataque al Estado de derecho; si no lo cree, entonces estaría utilizando una mentira deliberada para desacreditar a quienes investigan los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno socialista. Era una trampa parlamentaria bien construida. Una respuesta afirmativa habría elevado el conflicto institucional. Una respuesta negativa habría debilitado el discurso del Gobierno sobre la ofensiva judicial y mediática.

Cuerpo eligió no caer en ese marco. Respondió defendiendo el respeto del Ejecutivo a la justicia como pilar esencial del sistema democrático. Recordó el refuerzo de las plantillas de jueces y fiscales aprobado esa misma semana y destacó que España cuenta con niveles de percepción de independencia judicial superiores a la media europea, según la valoración de los propios jueces. Su mensaje fue claro: el Gobierno, dijo, colabora con la justicia, respeta sus tiempos y actúa con transparencia.

Pero la respuesta no convenció al PP. Muñoz insistió en que el ministro no contestaba y acusó al Ejecutivo de escudarse en supuestas conspiraciones para evitar responder por los hechos. A partir de ahí, la intervención popular subió varios grados. La diputada enumeró agendas, mensajes, sobres, joyas y presuntos amaños como elementos que, según su lectura, explicarían las investigaciones en curso. No habló de una conspiración contra el Gobierno, sino del “normal funcionamiento del Estado de derecho”. Para el PP, los jueces no derriban gobiernos: investigan indicios y hacen cumplir la ley.

Esa frase resumía la estrategia popular: neutralizar el relato de la persecución judicial y presentarse como defensor de las instituciones frente a un Gobierno que, según la oposición, intenta desacreditar a los tribunales cuando se acercan a su entorno. La conclusión de Muñoz fue demoledora en términos políticos: acusó al Ejecutivo de debilidad, de cobardía y de haber convertido la legislatura en un episodio de resistencia desesperada.

Cuerpo, en su turno posterior, no respondió caso por caso. Prefirió elevar el plano. Denunció el deterioro de la calidad del debate en la Cámara y advirtió de que ese clima no es inocuo. Según el ministro, cuando el Congreso se convierte en una “cámara de eco” dominada por el ruido, los ciudadanos dejan de ver respuestas a sus problemas reales y solo perciben bronca. Acusó al PP de acudir los miércoles con la toga puesta, dispuesto a dictar sentencia antes que a ejercer una oposición útil.

Fue uno de los momentos más significativos de la sesión. Porque ahí se enfrentaron dos relatos contrapuestos. Para el PP, el Gobierno se esconde detrás del ruido para no hablar de corrupción. Para el Gobierno, la oposición fabrica ruido para no hablar de gestión. Ambos intentan colocar al otro en lugar de la irresponsabilidad democrática.